El 24 de diciembre de 1826, estando en mayoría los unitarios, lograban la sanción de una constitución.
Esta constitución aseguraba la libertad e independencia de toda dominación extranjera, y establecía el sistema de gobierno representativo y republicano, pero en contra al sentir de las provincias, establecía un régimen de carácter unitario y centralista.
El Poder Ejecutivo estaría a cargo de un Presidente que duraría 5 años en su cargo, y el Poder legislativo sería bicameral, integrado por diputados elegidos por el pueblo, y senadores que representaban a las provincias. Las provincias tendrían un gobernador, elegido por el Presidente de la nación y que dependían de éste.
El marcado centralismo que inspiraba a la nueva Constitución fue suficiente para que obtuviera el rechazo de las provincias. La «Constitución de Rivadavia», reavivó la guerra civil, desencadenando la creación de la Liga Provincial de mayo de 1827, entre once de las catorce provincias entonces existentes, que dispuso rechazar la constitución sancionada, «destruir las autoridades nacionales» y llamar a un «nuevo Congreso, cuyo solo objeto sea constituir el país bajo la forma de gobierno federal».
Un mes después Rivadavia se vio obligado a renunciar, debilitado por la oposición de las provincias y el escandaloso tratado de paz con Brasil. Esta constitución unitaria centralizaba las decisiones políticas en Buenos Aires dejando a las provincias subordinadas a las elecciones que dicha provincia tomara, sin participación en las ganancias aduaneras y con grandes limitaciones en el libre comercio.
También entregaba a Buenos Aires prerrogativas personales como el hecho de que las autoridades provinciales y locales fueran elegidas por el Ejecutivo desde Buenos Aires, entre ellas el Gobernador, sin respetar las autonomías locales.
La Constitución de Rivadavia también creo la figura de Presidente de la Nación, cargo que obviamente, como era de esperar, recayó sobre Rivadavia, Al poco tiempo sin embargo tuvo que renunciar.
