Los problemas políticos ocurridos durante el Gobierno de Bernardo O´Higgins (1818-1823) fueron determinantes para el abrupto fin de su período, caracterizado por fuertes tensiones entre la aristocracia y el Director Supremo, que trataba de organizar a la naciente República, y que amenazaban con llevar a la frágil nación al borde de una guerra civil.
En medio del descontento creciente de los vecinos de la capital se cita a un Cabildo Abierto para el 28 de enero de 1823, en el Tribunal de Consulado.
En esta reunión se le pidió a O´Higgins que abandonase su cargo como medio de evitar la guerra civil que se anunciaba ya por los rencores y conflictos acumulados.
O´Higgins, en un gesto que hasta sus más acérrimos enemigos califican de patriótico, finalmente renuncia. Abdica en manos de una Junta elegida en el momento y que estuvo integrada por Agustín de Eyzaguirre, Fernando Erràzuriz y Josè Miguel Infante, quienes quedaron mandatados para convocar a un Congreso encargado del resolver los problemas de gobierno del país.
O’Higgins ejerció un gobierno fuerte y personalista, aunque la aristocracia siempre había sido partidaria de un gobierno colegiado, pero por las condiciones de la época había aceptado la forma unipersonal de gobierno, al que terminó acusando de autoritario y revanchista.
O’Higgins había sido designado como Director Supremo, y así quedó estipulado en la Constitución de 1818. En ella se consignaba la separación de los tres poderes del Estado: el ejecutivo quedaba en manos de un Director Supremo; el legislativo a cargo de un Senado Conservador de cinco miembros; y el judicial, encabezado por un Supremo Tribunal Judiciario. En la práctica, O’Higgins ejerció los tres poderes.
