Con una decisión que despertó polémica, el presidente Figueroa Alcorta cerró el Parlamento a fin de avanzar con su programa de gobierno.
l sol caía sin piedad sobre Buenos Aires aquel enero de 1908. La gente que circulaba por las calles advertía un inusual movimiento de personas hacia el edificio del Congreso. Es que estaba ocurriendo un episodio inédito en la Argentina. Cien hombres del Cuerpo de Bomberos de la Capital impedían el acceso de senadores y diputados al Parlamento. A medida que los legisladores llegaban, sobre el mediodía, los oficiales les explicaban que no podían franquearles el paso «por orden superior». En realidad, el mandato provenía del jefe de Policía, coronel Ramón L. Falcón, quien daba cumplimiento a un decreto del presidente de la República, doctor José Figueroa Alcorta.
De nada sirvieron las protestas. Como se aprecia en el servicio fotográfico que brindó Caras y Caretas el 1º de febrero, los uniformados mostraban con gestos educados pero inequívocos su decisión de cumplir la consigna. Las imágenes del ingeniero Emilio Mitre, de Adolfo Saldías y del joven diputado socialista Alfredo L. Palacios, que había reunido unos cuarenta partidarios «para comprobar el atropello», se observan en las amarillentas páginas interiores del semanario.
Mientras el vespertino opositor El Nacional lanzaba una primera edición en cuya página inicial se anunciaba, a todo lo ancho, con grandes titulares, un «Golpe de Estado», el público se ubicaba en las cercanías del edificio o se dirigía hacia la Casa Rosada en su afán de enterarse de lo que pasaba. Muchos aplaudían la medida y se burlaban de los legisladores. La rechifla y las risas aumentaron cuando el diputado y caudillo de Balvanera Pedro Cernadas descendió con dificultad de una berlina descubierta que quedó balanceándose al abandonarla su voluminoso pasajero. Jocosos espectadores le gritaban: «¡Golpeá que te van a abrir!». Luego de escuchar el «no se puede dentrar, señor diputado», de parte de un bombero, se dio vuelta, miró con desprecio a los que lo silbaban, les gritó «¡canallas!» y volvió a subir al carruaje, diciéndole al cochero: «Vamos a la Casa Rosada, che». Quería noticias directas.
Mientras en la Plaza de Mayo grupos de ciudadanos expresaban su apoyo a Figueroa Alcorta, numerosos diputados y senadores suscribían un documento reprobatorio. El periodismo, con excepción de La Prensa y algún otro órgano, manifestaba su disconformidad con lo ocurrido.
En noviembre de 1907, el Presidente había convocado al Congreso a sesiones extraordinarias para tratar diversos asuntos, el más importante de los cuales era el presupuesto de 1908. Pasados tres meses, el Parlamento aún no les había dado entrada. A raíz de ello, declaró en vigencia el presupuesto del año anterior, retiró las demás cuestiones presentadas y dispuso la clausura de las deliberaciones.
Por cierto, esos argumentos encubrían causas más profundas. Si bien el general Julio A. Roca parecía totalmente alejado de la política argentina, el Congreso estaba dominado por antiguos seguidores y por representantes de situaciones provinciales que respondían al todopoderoso caudillo Marcelino Ugarte, ex gobernador y entonces senador por Buenos Aires. Desde hacía tiempo, esa mayoría obstruía la acción del Poder Ejecutivo, que a su vez procuraba romper el esquema interviniendo provincias luego de provocar conflictos locales que justificaran tan extremas medidas ante la opinión pública.
Figueroa Alcorta aspiraba a cambiar el panorama cívico creando condiciones apropiadas para la sanción de una ley electoral que, al modificar prácticas fraudulentas, permitiera el advenimiento de una renovada democracia representativa. Contaba con lograr apoyo político pero fracasó en sus intentos.
El 8 de marzo de 1908, en las elecciones para diputados nacionales, Figueroa Alcorta logró imponer sus candidatos en casi todas las provincias, como consecuencia de la abstención de los grupos opositores, y obtuvo la mayoría parlamentaria que anhelaba. Pero cuando en la sesión preparatoria del 7 de mayo se produjo una fuerte discusión acerca de la validez de los diplomas, el recuerdo de lo sucedido menos de dos meses atrás hizo que se alzaran las voces de destacados legisladores para censurar tan grave episodio y se dijo que no estaba lejano el día en que la Cámara pasara a ser una dependencia del Poder Ejecutivo. Finalmente los diplomas fueron aprobados.
En su mensaje al Parlamento, el 1º de mayo de 1908, el Presidente reconoció que aún faltaba camino por recorrer para garantizar las prácticas democráticas, situación que se mantendría durante el proceso electoral que dio el triunfo al doctor Roque Sáenz Peña, el 12 de abril de 1910, y sólo comenzaría a cambiar a partir de la sanción, el 10 de febrero de 1912, de la ley de sufragio universal, secreto y obligatorio.
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