Cuando el sistema legislativo reglamentó la prostitución el 5 de enero de 1875, se dictaminó que se necesitaría una habilitación municipal, la inscripción obligatoria de las prostitutas y un control médico periódico de cada una de las trabajadoras. La legalización de la profesión más antigua fue, como mínimo, polémica.
Desde 1888 se reglamentó la inspección médica de las prostitutas, y se creó el Silicomio y Dispensario, para la atención de los enfermos de sílis.
En 1933 existían en Buenos Aires, 233 prostíbulos autorizados. El número de locales y mujeres no respondía a las exigencias de la población masculina en edad sexual y ello impulsó la proliferación de actividades no legales.
En 1933 se sancionó en Suiza la Convención Internacional contra “la trata de blancas y de niños”, y sus 11 artículos tuvieron repercusión en la Argentina: con el comienzo de la ‘Década Infame’, se abolieron los prostíbulos en Rosario.
Cuando comenzaron las diferencias entre Perón y los sacerdotes católicos, él también supo cobrárselo: en 1954 eliminó por decreto la Dirección de Enseñanza Religiosa en el Ministerio de Educación, y se dejó cesante a todos los profesores de esa materia. El mismo año, la Cámara de Diputados modificó el Código Civil y autorizó el divorcio vincular, con el cual los divorciados quedaban habilitados para volver a casarse.
Y el 30 de diciembre de 1954 vino el golpe de gracia: ratificó la Ley N°12.912 y la prostitución volvió a ser legal sin perder algunos reglamentos.
