El 16 de junio de 1955, aviones de la Marina y de la Fuerza Aérea, con la complicidad de sectores políticos y eclesiásticos, llevaron adelante un ataque sin declaración previa sobre la Plaza de Mayo y otros puntos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Con el objetivo de sembrar el terror y derrocar al gobierno constitucional, esta acción criminal, embrión del terrorismo de Estado, dejó más de 300 muertos y centenares de heridos.
34 aviones de la Fuerza Aérea y la Marina argentina bombardearon a la población civil que se encontraba en ese momento en Plaza de Mayo. Querían asesinar al general Juan Domingo Perón en su despacho de la Casa Rosada. Fue una masacre: las bombas estallaron sobres transeúntes, autos y trolebuses que se movían por el centro de la ciudad en un mediodía como cualquier otro. Mujeres arropadas de invierno, niños que se dirigían a la escuela y oficinistas fueron objetivos de los militares. Perón no cayó ese 16 de junio, pero sí tres meses después, en septiembre, cuando inició un largo exilio en España. El triunfo de la Revolución Libertadora, como la llamaron los golpistas, y el profundo antiperonismo que se instaló durante décadas en Argentina silenciaron el número y el nombre de los muertos.
En 2009, una investigación del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) determinó que el bombardeo a Plaza de Mayo y otros puntos del poder peronista, como la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT), dejó 308 muertos. Pero el documento advirtió que a esa cifra debía sumarse “un número incierto de víctimas cuyos cadáveres no lograron identificarse, como consecuencia de las mutilaciones y carbonización causadas por las deflagraciones”.
