El 30 de diciembre de 1987, se le había concedido a Aldo Rico el privilegio de arresto domiciliario; dos semanas más tarde, envió un comunicado afirmando que desconocía la autoridad del Estado Mayor General del Ejército y de los tribunales militares por no ver garantizada la justicia, y escapó. La autoridad militar, el teniente general José Caridi, sucesor de Ríos Ereñú, declaró a Rico en rebelión, y el Ministerio de Defensa ordenó su captura y lo declaró en disponibilidad.
Tres días más tarde, el 18 de enero de 1988, se lo encontró en el Regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros. Rico volvió a emitir un comunicado como «Ejército Nacional en Operaciones». Caridi, al frente del II Cuerpo de Ejército, hizo frente a las tropas insurrectas, las que se rindieron sin presentar batalla. Los detenidos fueron numerosos; Rico, tras declarar públicamente que no se arrepentía de sus actos y afirmar que «la duda es la jactancia de los intelectuales», regresó a prisión.
Unos cuatrocientos treinta oficiales y soldados serían llevados a juicio por sus acciones en los dos alzamientos; aunque los casos relativos al terrorismo de Estado y la tortura durante la dictadura disminuyeron para los oficiales de baja graduación, la protesta de las facciones promilitares no cesó.
Rico, desde su celda, se convirtió en la principal figura del Movimiento por la Dignidad Nacional y líder del Ejército Nacional en Operaciones que realizó numerosos atentados entre 1988 y 1989 . Un comando de exagentes de inteligencia de la Fuerza Aérea que tomó el Aeroparque Metropolitano en apoyo a Rico, fue reducido por la Gendarmería y la Policía Federal, juzgado en el fuero civil y militar en 1988 e indultado por Menem con el cambio de gobierno.
